En un momento en que Colombia atraviesa una coyuntura política y territorial especialmente compleja, el Seminario Nacional convocado por DiPaz reunió a voces especializadas del ámbito nacional e internacional para hacer un balance crítico de las agendas de paz y la cooperación ecuménica. Durante dos sesiones de análisis, panelistas, organizaciones sociales e iglesias compartieron lecturas sobre los avances, los desafíos y los caminos posibles para sostener la construcción de paz en el país.
Aura Rodríguez, directora de Viva la Ciudadanía, abrió el seminario con una lectura lúcida del escenario electoral y político colombiano. Colombia, explicó, vive ciclos electorales extendidos que configuran dinámicas políticas permanentes y el proceso más reciente estuvo marcado por la discusión sobre el modelo de sociedad, por las huellas de la pandemia, por las movilizaciones juveniles y urbanas que pusieron en la agenda pública la desigualdad y la exclusión, y por la persistencia del conflicto armado con nuevas expresiones territoriales. Rodríguez destacó el incremento de la participación ciudadana y la reconfiguración de las fuerzas políticas, pero llamó la atención sobre el bajo nivel de debate programático durante las campañas, la agudización de la polarización y las brechas históricas en la representación política de las mujeres.
Raúl Rosende, representante de Naciones Unidas, fue enfático: el Acuerdo de Paz sigue siendo el principal referente para enfrentar los problemas estructurales de Colombia, especialmente los relacionados con el campo, la exclusión territorial y la desigualdad. Su implementación, aunque desigual, ha generado avances concretos que no deben perderse de vista. Entre ellos, Rosende destacó la disminución del traslado de mesas electorales por razones de orden público, un logro que ha fortalecido el derecho al voto de comunidades históricamente afectadas por la violencia. Insistió también en que las mesas de diálogo territoriales y el Acuerdo no son agendas contradictorias sino complementarias, y que el décimo aniversario del Acuerdo —previsto para noviembre— representa una oportunidad estratégica para visibilizar avances y compromisos pendientes.
Kimberly Stanton ofreció un análisis del panorama internacional, señalando los cambios en la política exterior estadounidense hacia América Latina y sus implicaciones para la agenda de paz en Colombia. Recordó que esa política siempre ha estado guiada por intereses geopolíticos, pero destacó el papel que pueden jugar los congresistas progresistas y los líderes religiosos de iglesias norteamericanas como aliados de las iniciativas de paz y derechos humanos. Su recomendación fue clara: fortalecer alianzas internacionales y aprovechar el marco del aniversario del Acuerdo para promover espacios de incidencia y visibilización global.
La segunda sesión estuvo dedicada a la cooperación ecuménica. Eva Ekelund, directora de políticas en ACT Iglesia Sueca, llamó la atención sobre los giros políticos conservadores en Europa que están transformando las prioridades de cooperación internacional y poniendo en riesgo el financiamiento de procesos de diálogo y paz, con una invitación a fortalecer el multilateralismo y las alianzas globales frente a esa presión. Peter Prove, desde el Consejo Mundial de Iglesias, planteó que las iglesias tienen una capacidad singular para generar diálogos improbables: conversaciones entre actores que difícilmente se sentarían juntos en otro espacio. Desde sus visitas a territorios colombianos como La Guajira y Cartagena, identificó que las comunidades de fe ofrecen legitimidad territorial y continuidad histórica que los procesos de paz necesitan, y convocó a un Día Nacional y Global de Oración por la Paz. Horacio Mesones, por su parte, puso el foco en las juventudes y los territorios. Con base en la experiencia del programa de formación juvenil ICUMENI del CREAS, subrayó que la paz no puede reducirse a negociaciones institucionales: debe responder a las realidades cotidianas de las comunidades, a la falta de acceso a educación, trabajo y proyectos de vida digna.
Uno de los momentos más ricos del seminario fue el comité de escucha, donde emergieron reflexiones críticas y autocríticas que merecen atención. Varias personas expresaron frustración frente a la estrategia de «Paz Total», señalando que hubo excesiva confianza en el gobierno nacional y poca movilización sostenida desde la sociedad civil. También surgió con fuerza la pregunta por el rol de DiPaz: ¿puede una organización ser imparcial frente a los partidos y, al mismo tiempo, mantener una postura ética clara en favor de la vida, la justicia y las víctimas? El seminario coincidió en que sí: la imparcialidad político-partidista no es incompatible con un compromiso ético irrenunciable con los derechos humanos. Otros ejes que recorrieron las conversaciones fueron el déficit de formación política y pedagógica sobre los acuerdos de paz, la necesidad de construir agendas que respondan a las realidades territoriales y la importancia de que las organizaciones mantengan autonomía ética y capacidad de incidencia independientemente del gobierno de turno.
El seminario cerró con una certeza compartida: la construcción de paz en Colombia no puede depender de los gobiernos de turno. Es una apuesta de la sociedad colombiana en su conjunto, y en esa tarea las iglesias, las organizaciones sociales, las juventudes, la academia y la cooperación internacional tienen un papel insustituible. Colombia tiene herramientas, tiene territorios con experiencia acumulada y tiene actores comprometidos. Lo que se requiere ahora es más articulación, más pedagogía, más escucha y más alianzas —locales, nacionales e internacionales— para que la paz no desaparezca de la agenda pública ni de la vida cotidiana de las comunidades.
