Cada 9 de abril, Colombia se detiene para recordar el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, establecido por la Ley 1448 de 2011, el cual constituye un llamado ético y político a reconocer el sufrimiento de más de 10 millones de víctimas y a situarlas en el centro de la construcción de paz. Sin embargo, la memoria solo tiene sentido si se traduce en transformaciones estructurales que garanticen verdad, justicia, reparación integral y no repetición.
La magnitud del daño es innegable: al menos 6.402 ejecuciones extrajudiciales reconocidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), más de 130.000 personas desaparecidas forzadamente y más de 6 millones de personas desplazadas. Estas cifras no son estadísticas frías; son historias interrumpidas, comunidades fracturadas y territorios despojados. Frente a ello, el derecho a la verdad no puede relativizarse, así como no puede haber “verdades oficiales” que fragmenten responsabilidades o diluyan la participación de agentes estatales y actores armados en violaciones sistemáticas de derechos humanos. La verdad completa, incómoda y plural es la base de una paz auténtica.
Pero la verdad, por sí sola, no transforma. Sin justicia efectiva, la memoria corre el riesgo de convertirse en un ritual vacío y la impunidad estructural ha sido uno de los combustibles del conflicto. Por ello, fortalecer el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición no es una opción ideológica, sino una condición mínima para cerrar el ciclo de violencia. La justicia debe alcanzar a quienes ejecutaron crímenes, pero también a quienes los planearon, financiaron o permitieron por acción u omisión, solo así la no repetición dejará de ser una consigna y se convertirá en garantía real.
En este escenario, preocupa que la violencia contra liderazgos sociales persista y que en varias regiones el desplazamiento y el control armado sigan marcando la vida cotidiana. La militarización permanente no ha resuelto las causas profundas del conflicto: la desigualdad, la exclusión histórica del campo, la concentración de la tierra y la falta de oportunidades para millones de jóvenes. Apostarle únicamente a la lógica de las armas es insistir en una receta que ya demostró su fracaso.
Desde una perspectiva ética y también teológica, la paz no puede reducirse a la ausencia de confrontación armada, ya que la paz shalom implica justicia, bienestar integral y relaciones restauradas. “Bienaventurados los que trabajan por la paz” (Mateo 5:9); es un mandato activo. Trabajar por la paz supone desarmar el corazón, desmontar estructuras de opresión y abrir espacios de diálogo genuino, que permitan “buscar la paz y seguirla” (Salmo 34:14).
En ese horizonte se inscribe el trabajo del Diálogo Intereclesial por la Paz (DiPaz), plataforma que articula iglesias y organizaciones comprometidas con una salida dialogada y no violenta al conflicto. Nuestra apuesta recoge una convicción profunda: la reconciliación no nace de la imposición, sino de la escucha activa, la empatía y el reconocimiento del otro como legítimo interlocutor. Rechazar la guerra, el uso de las armas y la militarización como solución, es una postura ética coherente con el Evangelio y con la evidencia histórica.
La reparación integral también debe sentirse en lo cotidiano. Es alentador que hoy el 95% de niños, niñas y adolescentes víctimas accedan al sistema educativo, frente al 59,76% en 2012. La educación, junto con programas de alimentación y transporte escolar, se convierte en herramienta concreta de reparación y de ruptura del ciclo de pobreza y violencia. Allí donde una escuela abre sus puertas con garantías, se siembra una posibilidad de no repetición.
La memoria que vive y resiste no es resentimiento; es dignidad. Recordar es un acto político que impide el negacionismo y honra a quienes ya no están. Pero también es una invitación a transformar el dolor en acción colectiva por la justicia social. El 9 de abril nos confronta con una pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a asumir los costos de una paz dialogada y estructural, o seguiremos atrapados en soluciones armadas que prolongan el sufrimiento?
La dignidad de las víctimas no admite silencios ni medias tintas. La paz en Colombia será real cuando la verdad sea completa, la justicia efectiva, la reparación integral y la no repetición una certeza. Y esa paz, para ser duradera, tendrá que ser profundamente humana, socialmente justa y espiritualmente comprometida con la vida.
